La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los días 24 y 25 de mayo de 2018 en la Universidad de Extremadura en Badajoz.
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Extremadura, Manuel A. González Lena, anfitrión de este encuentro, compartió con el resto de asistentes el análisis de situación de la I+D+i en la Comunidad Autónoma desde el punto de vista de la institución académica. Durante la reunión también se presentó la imagen renovada del sello editorial del Grupo 9, Genueve Ediciones.
Constituida por nueve grupos de trabajo, e integrada por más de 80 personas de las 9 universidades públicas, la Comisión Sectorial de Investigación ha desarrollado su trabajo en sesiones paralelas, acordando las conclusiones que se recogen en sus respectivos informes. A la vista de dichos informes, el Grupo 9 desea hacer pública su preocupación por los siguientes aspectos que afectan al buen desarrollo de la actividad de I+D+i:
1. Ley de Contratos del Sector Público: el desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), en vigor desde el 9 de marzo de 2018, está produciendo la ralentización del desarrollo de la I+D+i debido a la imposibilidad de las universidades para adaptarse a ella, habida cuenta de la singularidad de la actividad investigadora. Somos conscientes de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el grupo de trabajo de Crue Universidades Españolas con el Ministerio de Economía y Competitividad y con la Agencia Estatal de Investigación. No obstante, las propuestas de solución aportadas hasta la fecha no ofrecen seguridad a las universidades ni dan soporte legal a los problemas derivados de la aplicación de la ley.
2. Contratación: es necesario reiterar la necesidad de revisar los mecanismos de contratación de investigadores con destino en las universidades públicas. No se ha avanzado en las soluciones a los problemas que denunciábamos en el último comunicado de la Comisión Sectorial de Investigación del G-9 en lo referente al encadenamiento de contratos y otros asociados a la contratación laboral temporal de investigadores.
Además, las restricciones a la contratación que impone la tasa de reposición continúa siendo un obstáculo para la renovación de las plantillas Docentes e Investigadoras.
3. Dificultades en la justificación de la inversión en la actividad investigadora: desde el G-9 de Universidades manifestamos nuestra preocupación respecto al nuevo sistema de justificación de costes indirectos establecido por la Agencia Estatal de Investigación. Su aplicación, con retroactividad y sin criterios claros, ha obligado a las universidades a cumplir estas exigencias en la más completa incertidumbre e inseguridad.
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible: las universidades del Grupo 9 mostramos nuestro compromiso con los 17 Objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y asumimos los compromisos de fomentar la I+D+i y una Educación Superior de calidad para fortalecer la paz, liberar a la Humanidad de la pobreza y promover los Derechos Humanos. Las universidades del G-9, en tanto que universidades públicas, aspiramos a tener un liderazgo en el desarrollo del Plan de Acción para la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030.
5. Acreditación I3: la Comisión Sectorial de Investigación ha reflexionado sobre el proceso de selección de candidatos para el programa Beatriz Galindo al cual lograron presentar sus candidaturas a pesar de las dificultades del procedimiento. Los vicerrectores y vicerrectoras de Investigación valoran el programa positivamente, si bien como proyecto piloto, ya que los fondos destinados a esta primera Convocatoria no podrán resolver los graves problemas de relevo generacional y atracción y cuidado de talento tan necesarios para nuestro sistema. Esperamos que esta iniciativa tenga continuidad y que futuras convocatorias cumplan con este objetivo. En cualquier caso, persiste el problema de la estabilización de estos investigadores. Una vía para la incorporación de estos y otros investigadores sería permitir el acceso a la acreditación I3.
6. Gobernanza: ante las propuestas de cambios en el sistema de Gobernanza de las universidades públicas españolas, muchas de ellas afectando directamente a la I+D+i, manifestamos que el planteamiento de cualquier cambio en nuestro sistema de Gobernanza requiere, ineludiblemente, un amplio debate con la participación de todos los agentes sociales y debería ser liderado por Crue Universidades Españolas. Nuestro sistema universitario se ha adaptado y ha resistido bien ante situaciones muy complejas y es fruto y garante de nuestra tradición universitaria, ocho veces centenaria.
7. Colaboración Empresa-Universidad: la Comisión Sectorial de Investigación reconoce que la Transferencia de Conocimiento desde las universidades a la sociedad pasa por una estrategia conjunta entre empresas, instituciones y universidad, en cuyo marco podría desarrollarse de forma efectiva la investigación colaborativa, la formación dual universitaria o los doctorados industriales.
Por otra parte, la creación de empresas spin-offs académicas sigue siendo motivo de incertidumbre para nuestras universidades. Continuamos sin una reglamentación nacional clara que nos sirva de guía y nos dé seguridad jurídica.
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1.997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.
