El blog del Grupo 9 de Universidades

  La Asamblea General de Rectoras y Rectores del Grupo 9 de Universidades (G-9), celebrada hoy en la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Palma, reclama la inmediata financiación de los gastos del personal Docente e Investigador (PDI) que desde este curso académico exige la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Asimismo, el G-9 hace un nuevo llamamiento a los gobiernos central y autonómicos para que establezcan un plan financiero transparente y coherente en relación con la implementación de la LOSU, especialmente en lo que respecta al compromiso de asignar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la financiación de la Educación Pública Superior. La Asamblea General del G-9 pide al gobierno central y a los gobiernos autonómicos su compromiso en la defensa de las instituciones de Educación Superior públicas. Se requiere un diálogo constructivo para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y preservar la excelencia en la educació

  El XI Plan de Formación 2024 para el  PTGAS (Personal técnico, de gestión y de administración y servicios) del Grupo 9 de Universidades ofrecerá 61 cursos online. La Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por  Ignacio Villaverde , rector de la Universidad de Oviedo, ha alertado de la sensible reducción de autonomía universitaria y las consecuencias económicas derivadas de la reciente implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Se ha reunido los días  18 y 19 de enero  en la sede del Rectorado de Cáceres de la  Universidad de Extremadura . En un análisis inicial, el G-9 ha insistido en los impactos negativos de la LOSU en la capacidad de gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas que forman parte del Grupo. Esta situación preocupa considerablemente a las universidades miembros, dado que la ley conlleva un incremento significativo en los costes, especialmente en lo que respecta al gasto de personal. E

La comisión sectorial de Estudiantes del Grupo 9 de Universidades (G-9), reunida este jueves y viernes en Zaragoza, bajo la presidencia de Juan Carlos Ayala, rector de la Universidad de La Rioja, ha manifestado su gran preocupación por la Disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, que regula la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por parte del estudiantado que realice prácticas externas, tendentes a la obtención del título en estudios propios y oficiales. Las universidades deben aplicar, desde el 1 de enero del presente año, este Real Decreto. El G-9 adelanta que la nueva regulación, no consensuada con las universidades, puede provocar la pérdida de numerosas prácticas debido a la denuncia de los convenios de prácticas por parte de diferentes ministerios (Seguridad Social, Justicia, Defensa, Interior, Consumo, entro otros) y otras administraciones públicas centrales y autonómicas. Esto podría dar lugar al retraso en la graduación de una p

  Su autor, Mongongo Dosa Pacifique, doctor de la Universidad de Cantabria, ha sido premiado por su impacto en materia de cooperación y fuerte vinculación con los ODS y la agenda 2030. “Aid, economic growth and poverty: Analysis of the stimulating and distorting efects of social Development Assistance on Sub-Saharan African countries”  es el título de la tesis ganadora del V Premio de Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo del Grupo 9 de Universidades (G-9). Su autor, Mongongo Dosa Pacifique, doctor por la Universidad de Cantabria, recibirá el Premio la última semana de enero en el transcurso de la Asamblea General de Rectoras y Rectores del G-9 que se celebrará en Mallorca. El jurado, que estuvo conformado por 9 doctores/as de las 9 universidades que conforman la asociación, consideró su tesis como la ganadora del premio por su fuerte impacto y aplicabilidad en materia de cooperación en materia de la agenda 2030 y los ODS. “ Para el comité evaluador, la tesis destaca de ma